México está pasando por una etapa de cambio y no está claro cuál debe ser al camino a seguir. Sabemos que el rumbo no se ha fijado del todo y, aunque hay algunas señales en este sentido, también es cierto que son poco claras.

Para el nuevo gobierno con su “Cuarta Transformación”, la constante, sin duda, es la lucha contra la corrupción que afectará seriamente la obra pública, y también la privada.

Desconozco los números reales, pero sé muy bien que prácticamente toda la obra pública lleva integrada, en sus costos, la “repartición”, sin la cual no se obtienen los contratos. Esto también sucede en la obra privada, aunque en menor proporción.

Hace unos años, platicando con un amigo mío —quien es una persona respetada, admirada y honesta (en este caso me consta el cariño que le tienen sus empleados en todos los niveles, así como sus clientes)—, me decía que, si yo quería hacer obra, pública era necesario que entrara en el “juego”; de lo contrario, tendría acceso a una cantidad mínima. Si una persona de primera, como él, acepta trabajar bajo estas condiciones, ¿cómo funcionan quienes tienen menos ética o carecen de ella?

De pronto, imagino que la Cuarta Transformación tiene resultados mágicos y la industria de la construcción queda a salvo de la corrupción y que, como consecuencia, de la noche a la mañana el costo de las obras se reduce en porcentajes que van desde el diez por ciento para arriba. Bajo esta premisa, las obras no solamente serán mucho más económicas, sino que se entregarán casi siempre a tiempo y con la calidad necesaria.

Lo real es que las obras, al amparo de la corrupción que casi siempre va acompañada de impunidad, resultan costosísimas y muchas quedan inconclusas. Obviamente, esto no se va a resolver por decreto, “porque yo lo digo y punto”. Mientras nuestros gobernantes sean los que son, las cosas seguirán igual. Desde luego, hay algunas excepciones, pero no son suficientes para resolver este problema. Alguien alguna vez mencionó que muchos políticos, cuando rezan, le piden a Dios: “Señor no me des, ponme donde hay” y que asumen sus posiciones políticas bajo esta perspectiva.

Pero bajo la nueva etapa, el Gobierno dice que ya encontró una solución mágica: ya no se harán concursos para las obras, ahora serán asignaciones directas dejando de lado a las compañías corruptas. Y yo que pensaba que los concursos eran para evitar estas asignaciones que claramente benefician a unos cuantos. Esta es una solución patética, absurda y claramente mentirosa que simplemente cambiará las zonas donde se llevan a cabo los manejos que forman parte del problema. Ahora la corrupción se concentrará en niveles superiores. Tratar de eliminar este cáncer por decreto es imposible, las cosas no van a cambiar de un día al otro.

Felizmente, los corruptos o, mejor dicho, quienes generan la corrupción, son la minoría, una minoría muy poderosa, pero que sin duda podrá ser vencida, nada más que esto tomará tiempo.

Irremediablemente habrá que cambiar las reglas del juego. Como ejemplo de este cambio, están los concursos, que no son el problema, sino quienes los manejan. De ahora en adelante habrá que transparentar el proceso; una vez entregadas las propuestas, éstas deberán hacerse públicas. Cuando se dé el fallo, deberán exponerse las razones que dieron lugar a dicho fallo. Si esta información fuera pública, seguramente se reducirá el problema.

Pero las cosas no deberán quedar ahí. Habrá que establecer un sistema transparente durante todo el proceso de la obra que además ayudará a evitar algunas injusticias: actualmente, los funcionarios honrados (los hay, me consta) están temerosos de que, con un cambio de administración, comiencen las cacerías de brujas. Muchas veces pueden afectarlos, esto es un hecho probado.

En fin, habremos de pasar por un proceso de ajuste que nos permita adaptarnos a las nuevas reglas, sobre todo quienes están afuera y quieren participar. De cualquier forma, como siempre ha sucedido, ya salieron a la luz muchos compadres, parientes y grandes amigos de quienes “repartirán” el trabajo. Ellos están buscando su tajada (y la del funcionario, con quien la compartirán) a cambio de poner a los “repartidores” en contacto con quien se interesen en hacer las obras.