En México, existen proyectos habitacionales emblemáticos que podrían catalogarse como vivienda adecuada, de acuerdo con las directrices que ha establecido ONU-Hábitat. Ejemplos concretos pueden encontrarse en la Ciudad de México, como el multifamiliar Miguel Alemán que fue construido en 1949, o la Unidad Habitacional Independencia, edificada en 1960, y el Conjunto Tlatelolco, terminado en 1964. En todos ellos, hubo una participación decidida de las instituciones del Estado, acompañadas por los sectores privado y social, quienes combinaron planeación, diseño arquitectónico y expresión artística para brindar soluciones dirigidas a familias de bajos ingresos. Hoy, estos emblemas urbanos continúan siendo referentes de la vivienda asequible, de calidad y bien ubicada.

La gran migración a las ciudades experimentada en la segunda mitad del siglo XX, hizo que la demanda por vivienda fuera mayor a lo que podía ofrecer un esfuerzo liderado únicamente por el sector público. De la necesidad anterior, es que a principios de los 70 surgen instituciones como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), como una respuesta de los empresarios a las demandas del sector sindical por contar con una vivienda cerca de los centros de trabajo. Esa modelo tripartita sigue vigente hasta nuestros días.

Sin embargo, estos esfuerzos no fueron suficientes para garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada. En la década de los 80, las ciudades continuaron su crecimiento, muchas veces de forma irregular y sin planeación; la industria de la vivienda era incipiente, aunque en crecimiento. Únicamente los trabajadores del sector privado parecían tener garantizado un mecanismo de financiamiento a la vivienda. Ante esta situación, se crearon instituciones como el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO, establecido en 1985), enfocadas en atender a otra parte de la población, que hasta entonces carecía de los satisfactores de la seguridad social. No obstante, incluso estas acciones fueron insuficientes para atender las crecientes necesidades de vivienda en el país.

Hacia la última década del siglo XX, iniciaron grandes procesos de privatización y desmantelamiento del Estado. Bajo este paradigma se asumía que las fuerzas de mercado, por sí mismas, cubrirían las deficiencias en la provisión de bienes y servicios que demanda la población, incluida la vivienda. Lo anterior supuso la adopción de un modelo de desarrollo de vivienda expansivo, horizontal y de bajo costo, que se llevó a cabo sin considerar criterios para asegurar la calidad de la vivienda y una ubicación próxima a los servicios urbanos y centros de trabajo. Un modelo que, entre 1980 y 2010, provocó que la superficie de las ciudades con más de 50 mil habitantes se en promedio extendiera tres veces más rápido que el crecimiento de su población.

Este modelo de vivienda, que fue altamente rentable en la primera década del siglo XXI, dejó fuera a la producción social de la vivienda, a comunidades organizadas en métodos tradicionales de construcción, entre otros. Se dejó de lado a casi cualquier política pública de gran escala dirigida a las necesidades de poblaciones con mayor marginación social y rezago. Se privilegió un modelo donde las grandes instituciones de vivienda (Infonavit y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, FOVISSSTE) se limitaron al otorgamiento de créditos, expandiéndose el mercado y la industria.

Al paso de una década, ese modelo tuvo graves consecuencias; al no encontrarse una fórmula de coordinación adecuada entre los distintos niveles de gobierno para el desarrollo urbano, la vivienda no siempre respondió a las necesidades culturales y climáticas de cada zona geográfica, se desarrolló sin servicios públicos, alejada de los centros de trabajo y de satisfactores como transporte público y escuelas. Entre otras consecuencias de este modelo, se encuentra el abandono de aproximadamente 650 mil viviendas en la actualidad. Un problema es que la oferta parecía estar al servicio de intereses privados y no necesariamente de lo que necesitaba la gente.

El mandato de esta administración es recuperar la rectoría del Estado en materia de vivienda. Lo anterior significa diseñar una política que no responda a intereses particulares, sino a los del pueblo de México. Con esto, se busca revertir la situación descrita, a la vez que se atienden las necesidades actuales de la población, entre las cuales destaca un déficit de vivienda que suma las 9.4 millones de acciones en todo el país.

Por primera vez, un Programa Nacional incorpora los siete elementos de la vivienda adecuada establecidos por ONU: seguridad de la tenencia; disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad; ubicación y adecuación cultural. De esta manera, se busca que todos los actores impulsen estos criterios en los planes, reglas y programas de cada institución.

La nueva política de vivienda coloca su énfasis en los grupos más vulnerables, y les devuelve el acceso a la vivienda adecuada, en consonancia con el objetivo 2. Política Social del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Lo anterior, considera que la vivienda ha dejado de ser un producto comercial escindido del territorio y se ha convertido, vista desde la política pública, en un espacio habitacional inherentemente vinculado con el territorio.

Este Programa Nacional de Vivienda 2019-2024, es uno de los primeros esfuerzos hechos a raíz de los cambios normativos que confirieron a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) la rectoría pública en materia de vivienda. Este Programa es pionero en el mundo por su alineación a los criterios de vivienda adecuada de la ONU; sus objetivos y estrategias fueron construidos con diversos actores de los sectores privado, público y social a través de foros, mesas de diálogo y reflexiones en todo el país.

La evaluación permanente de este Programa permitirá avanzar, hacia 2024, en cinco principios impulsados por cada uno de sus objetivos: la persona al centro de todas las decisiones en el sector vivienda; el uso eficiente de los recursos públicos; la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y la colaboración amplia con todos los sectores de la sociedad; la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, y la generación, por primera vez, de un modelo integral de ordenamiento territorial. Todo ello, con particular atención a la población con más carencias y sin acceso a instrumentos de financiamiento. Las metas y los parámetros en este Programa enfatizan las necesidades de cambio de paradigma, así como los ajustes requeridos para su cumplimiento.

Las grandes transformaciones necesitan convocar a la mayor cantidad de convicciones.  El éxito de este Programa depende de todos los actores relevantes en el sector, de instituciones públicas, privadas y sociales, de gobiernos locales, de la sociedad y de todos los mexicanos y las mexicanas que tienen un compromiso real con el desarrollo del país. 

Mtro. Román Guillermo Meyer Falcón

Secretario de Desarrollo Agrario

Territorial y Urbano